Resumen ejecutivo
México tiene la identidad digital de adopción más rápida de América Latina —28 millones de cuentas en dos años— y aun así retrocedió en el Índice de Gobierno Digital de la OCDE, a 0.515 contra un promedio de 0.70. La distancia con Chile, Brasil, Colombia y Perú no es tecnológica: el Estado mexicano no publica una sola cifra de interoperabilidad, no mide a sus 32 estados ni a sus 2,478 municipios —solo 8.3% permite pagar el predial en línea de principio a fin— y debilitó a la autoridad que hacía confiable compartir datos. Este artículo compara las cifras y propone las acciones concretas en los tres órdenes de gobierno.
Llave MX llegó a 28,048,244 cuentas y 242 sistemas conectados en poco más de dos años. Es la identidad digital de adopción más rápida de América Latina: a Chile le tomó una década llegar a los 14 millones de ClaveÚnica. En el mismo periodo, México cayó en el Índice de Gobierno Digital de la OCDE de 0.515 desde 0.536, contra un promedio de 0.70, y quedó en el antepenúltimo lugar entre los países miembros. Las dos cosas son ciertas a la vez, y explicar por qué es el tema de este artículo.
Lo que sí funcionó
Tres cosas, y conviene reconocerlas con sus cifras. La identidad: 28 millones de cuentas en 242 sistemas —204 federales, 30 estatales, 8 municipales—, con 72.7% de los accesos desde teléfono. La simplificación: la ATDT reporta 3,497 trámites federales intervenidos y 1,711 eliminados a junio de 2026, con los requisitos promedio bajando de seis a dos. Y el instrumento legal: la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, publicada el 16 de julio de 2025, seguida en agosto de 2026 por un Pacto Nacional que firmaron las 32 entidades y los municipios por regiones, con un catálogo único de 300 trámites estatales y 100 municipales.
Un matiz honesto sobre el dato estrella: buena parte de esos 28 millones entró empujada por un trámite concreto —2.96 millones de cuentas en una sola semana durante el registro de la Beca Rita Cetina—. Es adopción real, pero traccionada por un beneficio, no por la calidad del servicio digital.
Lo que falta: el Estado no se habla consigo mismo
Aquí empieza la distancia. Perú procesó más de 500 millones de transacciones en su Plataforma de Interoperabilidad durante 2025, con 267 entidades interconectadas. Brasil superó los 1,100 millones de intercambios de datos en Conecta gov.br el mismo año, con un ahorro estimado de 9,600 millones de reales desde 2022. Chile tiene 430 organismos habilitados en su plataforma, municipios incluidos. Colombia opera X-Road.
México tiene desde 2011 un Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos, y no publica ni una sola cifra de entidades conectadas o transacciones procesadas. En el índice de la OCDE, la dimensión de apoyo a la reutilización de datos le da a México 0.0. Sin interoperabilidad, cada trámite digitalizado sigue pidiendo al ciudadano el dato que otra dependencia ya tiene: se digitaliza la ventanilla, no el procedimiento.
Lo comparativamente malo: nadie está midiendo a los estados ni a los municipios
Colombia publicó el 18 de agosto de 2026 su Índice de Gobierno Digital: 82.69 puntos promedio en 236 entidades nacionales y 59.94 en las territoriales —32 gobernaciones, 1,100 municipios y demás—, con puntaje por entidad, con nombre y apellido. Cualquiera puede ver que Bogotá saca 98.29 y quién saca menos.
En México no existe nada equivalente. Ni el Censo Nacional de Gobiernos Municipales ni el estatal del INEGI incluyen un módulo de gobierno digital: no se mide cuántos municipios tienen sitio web, área de TIC o política de ciberseguridad. Los dos rankings que existían llevan años congelados: el de portales estatales de u-GOB se quedó en 2022 y el índice de CIAPEM en 2018. El único dato censal con filo es el predial: de 2,047 municipios que lo cobran, apenas 171 —el 8.3%— permiten pagarlo en línea de principio a fin, y 1,511 no tienen siquiera una página para ese trámite. Brasil, en cambio, ya integró 1,800 municipios y los 27 estados a la red gov.br.
A eso se suman dos cosas que no son de tecnología pero condicionan todo. La primera: tras la desaparición del INAI, las solicitudes de información pasaron de 1,016,082 en 2024 a 797,022 en 2025 —una caída de 22%—, con un órgano sucesor que opera con 25 millones de pesos frente a los 500 millones del instituto y con 339 personas en lugar de 759. Interoperar sin una autoridad de datos personales fuerte es exactamente el escenario que ningún país de la región recomienda. La segunda: en diciembre de 2025, semanas después de presentarse el Plan Nacional de Ciberseguridad, un ataque coordinado alcanzó a más de veinte instituciones —SAT, IMSS-Bienestar, gobiernos estatales— y la prensa especializada estimó 36.5 millones de personas expuestas. El gobierno no ha publicado su propio conteo, que es parte del problema.
Y el piso: 73.6% de los hogares mexicanos tiene internet, contra 96.5% en Chile y 95.0% en Brasil.
Qué haría falta, por orden de gobierno
Federal.
Poner en operación una plataforma nacional de interoperabilidad con tablero público de transacciones y entidades conectadas, como el de Perú. Lo que no se publica no se puede exigir.
Fijar en la ley un plazo vinculante por grupos de instituciones, como la Ley 21.180 chilena —y aprender de su error: Chile va a incumplir en 40% de sus instituciones porque no financió a los rezagados.
Consagrar el principio de una sola vez: ninguna dependencia puede pedir un dato que el Estado ya tiene. Es obligación legal en la Unión Europea desde diciembre de 2023.
Reconstruir una autoridad de protección de datos con independencia y presupuesto. Sin ella, la CURP biométrica y la interoperabilidad son un riesgo, no un activo.
Estatal.
Adoptar una medición anual con puntaje público por entidad, al estilo del índice colombiano. Hoy solo 30 de los 242 sistemas conectados a Llave MX son estatales.
Presupuesto etiquetado y visible: el gasto TIC federal crece 3.1% en 2026, el ritmo más bajo en años, y del estatal no hay cifra pública.
Copiar lo que ya funciona dentro del país: la CDMX tiene su Registro Civil con 31 trámites digitalizados al 100% y bajó los requisitos de doce a cinco; Nuevo León procesó 11,000 trámites en NLínea durante 2025 y va por 81 más este semestre.
Municipal.
Empezar por los tres trámites que sostienen la relación con el ciudadano y la hacienda local: predial, licencias de funcionamiento y constancias. El 8.3% del predial en línea es el punto de partida real.
No construir: conectarse. Ningún municipio de 20 mil habitantes debe desarrollar identidad digital propia; debe usar la federal, como los 1,800 municipios brasileños.
Conseguir el dinero donde lo consiguieron los demás: el BID prestó 180 millones de dólares a Brasil específicamente para estados y municipios, 100 millones a Chile y 300 millones a Argentina en 2026. México no aparece con un crédito equivalente etiquetado para gobierno digital.
La conclusión incómoda es que México no está atrasado por falta de capacidad técnica: montó en dos años una identidad digital que la región tardó una década en construir. Está atrasado porque digitaliza ventanillas sin conectar bases, porque no mide a los dos órdenes de gobierno donde el ciudadano hace la mayoría de sus trámites, y porque debilitó justo la institución que hacía confiable compartir datos. Las tres cosas se corrigen con decisiones administrativas, no con tecnología.
