Presentar como propios trabajos escolares hechos por terceros no es algo nuevo. En círculos universitarios angloparlantes la práctica se denomina contract cheating y ha proliferado tras el advenimiento de la Internet.
El término fue acuñado por los académicos británicos Thomas Lancaster y Robert Clarke, que se dedicaron a estudiar el fenómeno en detalle. Encuadra la obtención, por parte de los alumnos, de trabajos producidos por otros para presentarlos como originales propios. Con frecuencia, incluye el pago de una tarifa y en la actualidad es fácil encontrar en línea decenas de sitios que ofrecen el servicio.
Más allá de las consideraciones éticas de lo que podría considerarse una forma de fraude académico, el contract cheating plantea riesgos importantes a la ciberseguridad. Esto se acentuó con el uso masivo de la educación en línea forzado por la pandemia de COVID-19, que abre la puerta a potenciales ciberataques.
Discurso engañoso
De acuerdo con una investigación realizada por la firma de inteligencia Cisco Talos, durante la pandemia de COVID-19 el número de sitios web dedicados al contract cheating se ha multiplicado por cuatro en comparación con los que existían en el otoño de 2019. Una búsqueda en Google con la frase “haz mi tarea” arroja millones de resultados. Muchos de ellos conducen a sitios web o aplicaciones para dispositivos móviles que se ufanan de realizar tareas y trabajos sobre cualquier tema.
El discurso para inducir a los estudiantes a recurrir al contract cheating puede ser muy persuasivo. Uno de los argumentos más frecuentes es el llamado a utilizar el tiempo en ocupaciones más placenteras mientras los “profesionales” se encargan de las tareas escolares. Poco importa si el estudiante no las hace porque no entiende la materia o, simplemente, le dan demasiada pereza.
Los portales dedicados a ofrecer servicios de contract cheating suelen escudarse en la ambigüedad de las leyes para proteger sus actividades, que catalogan como de “asesoría”.
En sus páginas principales publicitan abiertamente que se dedican a hacer tareas escolares para que los alumnos las presenten como suyas. Sin embargo, en páginas secundarias (a las que suele llegarse por ligas al pie de la página) pueden incluir avisos legales en los que señalan que los materiales no deben ser entregados a los profesores ni transmitidos en línea. Algunos, en el afán de proyectar una imagen de respetabilidad, inclusive incluyen páginas con sus políticas de privacidad y hasta información sobre la constitución de la empresa.
Los peligros del contract cheating
Para muchos estudiantes, un atractivo importante de esta actividad es el precio: puede ser tan bajo como 50 pesos por un ensayo sencillo. Las tarifas se fijan de acuerdo con las características del trabajo (extensión, complejidad, plazo), normalmente especificadas mediante un formulario. Luego, por subastas inversas, los “profesionales” del sitio compiten entre sí para ofrecer la cotización más barata.
Lo mismo da si se trata de una tarea corta urgente o de una tesis de doctorado: tales sitios se ofrecen a hacerlas y aun “garantizan” su calidad. Sin embargo, la investigación de Cisco Talos confirmó lo que ya apuntaban Lancaster y Clarke: la mayoría de las tareas obtenidas por contract cheating dejan mucho que desear, académicamente hablando.
Pero eso no es todo. Muchos de los sitios son utilizados para distribuir malware o para inyectar en el navegador códigos para convertirlos en bots de criptominería. El riesgo no es menor.
Además de infectar las redes caseras de los estudiantes —que suelen tener ciberseguridad endeble—, el malware así descargado podría intentar propagarse a las redes universitarias cuando los alumnos se conectan a ellas. Emplear los servicios de sitios de contract cheating también entraña el riesgo potencial del robo de datos personales o bancarios, si es que se utiliza alguna tarjeta para pagar.
